por Sandra Elizabeth Chuc Norato

(English translation below. For additional posts in this series, visit: "Migration and Belonging.")

La falta de empleo y la situación correspondiente económica en Guatemala son algunos de los factores que influyen fuertemente en la decisión de migrar. En el municipio de Almolonga en Guatemala, tal es la situación de varias familias que participaron en nuestra investigación. Según los participantes, una de las primeras etapas en decidir de migrar es la identificación de cómo financiar la migración. En 2016, el viaje desde Almolonga hacia Estados Unidos tiene un costo entre 50,000.00 quetzales hasta 60,000.00 quetzales, una cantidad significativa para una comunidad agraria en donde los entrevistados cuentan con ingresos diarios de 15 quetzales a 150 quetzales al dia.

En este contexto, los que deciden de migrar hacia Estados Unidos se tropiezan con dificultades significativos para agenciarse de tal financiamiento.  Las entidades crediticias reguladas, como bancos o cooperativas, no financian este tipo de actividad debido al riesgo que representa el viaje y la incertidumbre de pasar la frontera exitosamente. Ante ello algunos habitantes de la localidad recurren a solicitar préstamos con prestamistas locales, familiares, amigos o conocidos. Es preciso señalar que piden préstamo no exclusivamente para financiar la migración sino también para satisfacer otras necesidades como el financiamiento para la cosecha estacional, emergencias de salud, o gastos funerarios.

Desde un punto de vista financiero, “La deuda…se puede referir a un saldo establecido tanto en efectivo como en especie (tal como un favor que debe ser pagado)” (Villareal, 2004: 14). En Almolonga, el financiamiento que algunas personas obtienen con prestamistas — entidades crediticias no reguladas — préstamos que se pueden catalogar como deuda, la cual implica una tasa de interés, una garantía como la escritura de un bien inmueble y un plazo de tiempo designado para el pago.

Los pobladores de Almolonga también recurren a entidades crediticias reguladas — bancarias o cooperativas. Se considera que “El crédito se usa habitualmente para relaciones más formales con bancos u otras instituciones… Se tiene el derecho a recibir ciertos fondos y se reconoce la obligación de pagar una tasa de interés” (Villarreal; 2004:14). Los montos que otorgan las entidades crediticias reguladas para esta actividad oscilan entre 10,000.00 quetzales hasta 40,000.00 quetzales y las tasas de interés que cobran se ubican entre 18% al 30% anualmente. Esta modalidad de préstamos también incluye un requisito de una garantía–bien inmueble–que avala el cumplimiento o el pago del monto otorgado en crédito o deuda. 

Las entidades financieras reguladas existentes en Almolonga tienen normas y parámetros establecidos para otorgar créditos, entre los cuales figura la garantia de un bien inmueble con escritura registrada. Algunas de las personas que recurren a estas entidades crediticias no cuentan con tal garantía y, así, no reúnen los requisitos establecidos. Como resultado, buscan un respaldo familiar, colega profesional, o contacto personal para que sirva como “fiador.” De esta forma, la responsabilidad de pagar la deuda es compartida. Este tipo de relaciones es compleja pues no solo encierra el compromiso de “cumplir con la palabra” sino también tiene un sentido profundo para la población Maya K’iche’. Implica un compromiso moral que tiene más valor que la firma de documentos legales escritos requerido por una entidad crediticia.  

Las condiciones para cumplir con el compromiso son precarias y las consecuencias de no cumplir son graves. Para algunas familias, cumplir con el compromiso de pago mensual representa largas e intensas jornadas de trabajo (de hasta 15 horas, 2:00am – 5:00pm) y el involucramiento directo de todos los miembros de la familia. Además, las familias enfrentan eventualidades que no son posibles de anticipar — condiciones climáticas, bajas en los precios de los productos, cambios drásticos en el mercado local y extranjero, y enfermedades o accidentes de miembros de la familia.  Si no paga, hay un incremento abrumador de la deuda que puede resultar en la pérdida total de sus bienes inmuebles y/o fragmentación de relaciones con familiares o amistades.

— Es preciso señalar que existen casos en los cuales las personas recurren a entidades crediticias y solicitan crédito para el uso en agricultura o comercio, pero realmente es utilizado para financiar la migración irregular. Esta situación no es reconocida “oficialmente” por el sistema bancario o el sistema cooperativo. También sucede que las personas recurren a la deuda con entidades financieras no reguladas — prestamistas — quienes conceden los montos solicitados siempre y cuando exista una garantía de bien inmueble sin importar el tipo de escritura; además se debe firmar un documento/contrato privado ante un abogado y notario que puede ser un “Reconocimiento de Deuda” o una “Cesión de Derechos” sobre el bien inmueble que figura como garantía. Los montos que otorgan oscilan entre los 20,000.00 quetzales y 60,000.00 quetzales y las tasas de interés se ubican desde 3% hasta 5% mensual (su equivalente de 36%  hasta 70% anual).

Independientemente si el préstamo viene de una entidad financiera regulada o no regulada, esta dinámica de crédito y deuda genera una serie de efectos en las familias. Aquí, se remarcan dos específicamente

1. Varios entrevistados cuentan del monto adeudado se utiliza directamente para el ‘pago del coyote.’ Si la persona que realiza el viaje no logra pasar, al regresar a Guatemala, generalmente la deuda ha incrementado; no tiene un trabajo que le permita generar ingresos económicos suficientes para asumir el compromiso adquirido. Esto genera atrasos en los pagos. En algunos casos ante no poder pagar la deuda, como consecuencia la familia pierde el bien inmueble que fue otorgado en garantía. En ocasiones, es el único patrimonio familiar que poseen. Es decir que las condiciones económicas precarias se acentúan, limitando la alimentación, salud y educación de todos los miembros de la familia.

2. En otros casos, el monto adeudado también es utilizado para financiar la migración y la persona logra llegar a su destino. El o ella encuentra un trabajo y genera ingresos económicos suficientes para luego enviar remesas a su familia. Generalmente, las familias cuentan de priorizar el pago de la deuda para recuperar el bien inmueble que garantiza la deuda. Luego de ello se destina cierta cantidad de las remesas para las necesidades familiares como alimentación, educación, y salud. En algunos casos, a pesar de las remesas, las familias describen recurrir nuevamente al uso de la deuda o del crédito para financiar actividades agrícolas y de comercio, compra de bienes inmuebles como terrenos para la agricultura, o construcción de viviendas que posteriormente serán habitadas por la familia. Es decir que la deuda o el crédito se vuelve recurrente en la vida de los migrantes en los EE.UU. y los que fueron deportados.

Bibliografía

Villareal, Magdalena 2004  Antropología de la deuda. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS.

Sandra Elizabeth Chuc Norato es una mujer Maya Kich’e’, originaria del Municipio de Totonicapán, Guatemala. Ella es una profesional en gestión del desarrollo con experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa. Tiene maestría en Gestión Social para el Desarrollo Local por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Guatemala y licenciatura en Administración de Empresas por Universidad de San Carlos de Guatemala.

Debt and Migration: Exploring Almolonga’s reality

by Sandra Elizabeth Chuc Norato

The lack of employment and corresponding economic situation in Guatemala are some of the factors that strongly influence the decision to migrate. In the municipality of Almolonga in Guatemala, such is the situation of several families who participated in our study. According to participants, one of the first steps in deciding to migrate is identifying how to finance migration. In 2016, the journey from Almolonga to the United States cost between 50,000.00 quetzales to 60,000.00 quetzales, a significant amount for an agrarian community in which respondents have a daily income ranging from 15 to 150 quetzales per day.

In this context, those who decide to migrate to the United States are faced with significant difficulties to wangle such funding. Regulated lenders, such as banks or credit unions, do not fund this type of activity due to the risk of the journey and the uncertainty of successfully crossing the border. In response some residents resort to borrowing from local moneylenders, family, friends or acquaintances. It should be noted that people solicit loans not only to finance migration but also to meet other needs such as financing seasonal harvests, health emergencies, or funeral expenses.

From a financial standpoint, "Debt ...can refer to a balance established both in cash and in kind (such as a favor to be paid)" (Villareal, 2004: 14). In Almolonga, in order to secure financing from moneylenders — unregulated credit entities — in the form of a loan often requires a guarantee such as the deed to property. The terms of this agreement, which can be classified as a debt, also establishes a period of time for repayment that includes variable interest rates.  

The people of Almolonga also resort to regulated credit entities — banks or cooperatives. It is considered that “Credit is commonly used in more formal relationships with banks or other institutions...One has the right to receive certain funds and the obligation to pay a rate of interest [for those funds] is recognized” (Villarreal; 2004:14). The amounts granted by regulated lenders for these activities vary between 10,000.00 and 40,000.00 quetzales, and the interest rates they charge are between 18% and 30% annually. This mode of loans also includes a requirement of collateral — normally real estate — that guarantees the fulfillment or payment of the granted amount in credit or debt.

Regulated financial entities that exist in Almolonga have established norms and parameters to grant credit, which include collateral in the form of real estate with registered documentation. Some people who seek these lenders do not have this guarantee, and therefore, do not meet the established requirements. As a result, they look for backing via a family member, professional colleague, or personal contact to serve as “guarantor”. In this way, the responsibility to pay the debt is shared. These types of relationships are complex since it not only includes the commitment to “fulfill your word” but also has a profound meaning for K’iche’ Maya people. It implies a moral commitment that has more value than a signed legal documents required by a lending entity.

The conditions to fulfill the commitment are precarious and the consequences of noncompliance are great. For some families, fulfilling the monthly payment commitment represents long and intense work days (up to 15 hours, 2:00 am - 5:00 pm) and the direct involvement of all members of the family. Besides, families confront unexpected events--weather conditions, declines in commodity prices, drastic changes in local and overseas markets, accidents and illnesses of family members. If they do not pay, there is an overwhelming increase in debt which may result in the total loss of their property and/or the fragmentation of relationships with family or friends.  

It should be noted that there are cases in which people turn to lenders and apply for credit to use in agriculture and trade, while in actuality, it is used to finance irregular migration. This situation is not recognized "officially" by banks and cooperatives. It also happens that people turn to loans from non-regulated financial entities — moneylenders — who grant requested amounts as long as there is a guarantee of property regardless of the type of deed; they must also sign a private contract before a lawyer and notary which serves as an "IOU" or "Assignment of Rights" on the real estate listed as collateral. Amounts granted range from 20,000.00 and 60,000.00 quetzales and interest rates range from 3% to 5% per month (an equivalent of 36% to 70% annually).

Regardless if loans originate from a regulated or unregulated financial entity, this dynamic of credit and debt generates of series of effects for the families. Here, I discuss two specifically:

1. Various interviewees indicate that the acquired amount is utilized directly for the ‘payment of the coyote.’ If the person who undertakes the trip is unable to cross, upon returning to Guatemala, generally the debt has increased; there is no job that allows for sufficient income to fulfill their commitment. This creates delays in payment. In some cases when unable to pay the debt, the family ultimately lose the property offered as collateral. In some instances, it is the only property the family has. This is to say that their precarious economic conditions are exacerbated, limiting nutrition, health and education of all family members.
2. In other cases, the acquired amount is also used to finance migration, but the individual is able to reach their destination. She or he finds employment and earns sufficient income to send remittances to family. Generally, the families prioritize the payment of the debt to recover the property utilized as collateral. Afterwards, a certain amount of the remittances is destined to cover family needs such as nutrition, education and health. In some instances, in spite of remittances, families describe once again returning to the use of debt and credit to finance agricultural or commerce activities and, to buy property such as land for agricultural production, or to construct their homes which will be inhabited by the family. That is to say, debt and credit becomes recurrent in the lives of migrants in the U.S. and those deported to Guatemala.

Works Cited

Villareal, Magdalena 2004  Antropología de la deuda. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS.

Sandra Elizabeth Chuc Norato is a K’iche’ Maya woman, originally from the Municipality of Totonicapán, Guatemala. She is a professional in Development Management with experience in qualitative and quantitative research. She has a Masters in Social Management for Local Development by the Latin American Department of Social Sciences FLACSO – Guatemala and a bachelor’s in Business Administration at the University of San Carlos, Guatemala.

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